Salud

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SANTO DOMINGO. En los últimos cuatro años 312 mujeres han perdido la vida a manos de sus concubinos y exparejas. De esta cantidad, 43 se cometieron en los primeros seis meses de este año lo que evidencia que los feminicidios en el país se mantienen como un problema latente, ¿es el nivel económico y educativo de los feminicidas la razón?

Son pocos los estudios socioculturales que existen en el territorio nacional para determinar las causas que mantienen en auge los feminicidios, pero para algunos expertos responde a un factor socioeconómico y cultural.

La principal investigadora del tema en la República Dominicana, Susi Pola, considera que la incidencia se debe a la continuidad de una cultura patriarcal.

“No tiene que ver con el estatus económico del agresor y la agredida, se trata de machismo, es el androcentrismo que existe en nuestra cultura que es poner al hombre como centro de todo, la masculinidad violenta, está en todas las esferas, eso no tiene clase social”, resalta Pola.

A su juicio involucrar a la personas pobres en estos casos es un mito que hay que desmontar.

Una investigación realizada y publicada en junio de 2013 por el Centro de Intervención Conductual para Hombres que preside Luis Vergés, destaca el desempleo como una de las variables asociadas a este tipo de violencia. Resalta además que el 26% de los hombres implicados, en un total de 4,760 casos de los conflictos de parejas evaluados entre agosto de 2008 hasta noviembre de 2012, se encontraba desempleado.

Diario Libre analizó el tema prestando atención a las zonas geográficas y el nivel socioeconómico y educativo de los agresores. Para ello, tomó el período entre 2014 hasta marzo de este año y se encontró que Santo Domingo (60), Santiago (39), La Altagracia (22), San Cristóbal (20) y el Distrito Nacional (18), son las cinco localidades donde con mayor frecuencia ocurren los casos de feminicidios.

De acuerdo al referido estudio, el nivel académico de la población masculina que produce mayores niveles de violencia durante una relación, se concentra entre educación media, con el porcentaje más alto-45%-, seguida de los hombres profesionales-con un 29%- y el nivel básico-24%. Apenas un 2% son analfabetos.

En Santo Domingo localidad del país más poblada-2,374,370 de habitantes- y donde se registra la mayor cantidad de estos casos, predominan las personas con nivel primario y secundario. Los que nunca asistieron a la escuela son los menos.

La Altagracia con más feminicidios que el Distrito

Durante la investigación se encontró que lugares como la provincia La Altagracia con solo 273,210 habitantes, las muertes de mujeres a manos de sus concubinos supera las ocurridas en el Distrito Nacional aunque tiene tres veces esta cantidad de ciudadanos.

Para la magistrada Roxanna Reyes, procuradora de la Mujer, aunque no se tiene una explicación concreta de la razón por la que esta provincia registra un alto nivel de feminicidios, hay que tomar en consideración que es una zona turística con un alto movimiento de personas.

“Es importante observar variables como potencializadores de la violencia la venta de alcohol, proxenetismo, trata, es un tema que estamos revisando”, precisó la magistrada.

En La Altagracia la población en edad de trabajar es de 218,699, siendo la parte inactiva y desempleada de 99,760 y 9,168, respectivamente, para un total de 108,928. Mientras los ocupados son 105,139, lo que coloca a ambos grupos en una posición similar.

Del total poblacional de esta provincia ubicada al este del país 226,837 asistió a la escuela y solo 22,660 alcanzó el nivel universitario, el resto 117,968 llegó a la primaria, 65,542 a la secundaria y 20,667 a preprimaria.

De las 32 provincias que conforman el territorio nacional, solo Independencia no registró algún feminicidio durante el período citado. Esta localidad aunque comparte similitud con la superficie de La Altagracia-2,007.4 kilómetros cuadrados- tiene una población cuatro veces menor.

De los 52,589 habitantes que posee 3,286 alcanzó estudios universitarios, 22,022 la primaria y 9,519 nunca asistió a la escuela, lo refuerza la teoría de que la escasa preparación no parece ser un factor influyente en los agresores de mujeres.

El feminicidio como la expresión máxima de la violencia contra las mujeres de lo que nos habla es de un fallo social, un fallo en el Estado y en el sistema de justicia, subrayó Sintia Velasco.

Pide reforzar investigación en Santo Domingo

La directora de la Colectiva Mujer y Salud recomienda identificar en cuáles sectores de la ciudad de Santo Domingo prevalece este delito y evaluar las causas que subyacen a la comisión de la infracción.

Sintia Velasco manifiesta que para enfrentar el flagelo en esta demarcación se debe levantar una investigación para determinar si las mujeres que fueron asesinadas presentaron querellas y tenían órdenes de alejamiento, debido a que muchas de las víctimas tienen una trayectoria larga en tribunales por violencia familiar.

“La otra cosa que hay que pensar es que uno de los obstáculos más grande que tenemos en el país para implementar una respuesta estratégica al feminicidio, es que no se ha construido su forma penal porque con la caída del Código Penal, el feminicidio quedó sin una descripción y sin una pena”, argumentó Velasco.

La impunidad, dijo, es importante y para lograrlo habría que hacer un comparativo entre cuántas mujeres han sido asesinadas, cuántos hombres detenidos y cuántos de esos han recibido condena.

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WASHINGTON. El Gobierno estadounidense notificó este viernes formalmente a la ONU su intención de retirarse del Acuerdo de París, como anunció hace dos meses el presidente Donald Trump, un proceso que no podrá completarse hasta el 4 de noviembre de 2020, un día después de las próximas elecciones presidenciales en EE.UU.

“Hoy, Estados Unidos envió una comunicación a las Naciones Unidas, en su capacidad como depositario del Acuerdo de París, sobre la intención de retirarse del Acuerdo de París tan pronto como tenga la opción de hacerlo, según los términos” del pacto, dijo el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.

Trump anunció el pasado 1 de junio su decisión de abandonar el Acuerdo de París que a finales de 2015 firmaron casi 200 países, al argumentar que ese pacto pone en “permanente desventaja” a la economía y los trabajadores estadounidenses.

El punto 28 del Acuerdo de París indica que cualquier país que haya ratificado el acuerdo, como es el caso de EE.UU., solamente podrá solicitar su salida tres años después de su entrada en vigor, esto es, el 4 de noviembre de 2019.

Una vez hecha formalmente esa petición, tiene que pasar otro año para que la salida del acuerdo sea efectiva, por lo que Estados Unidos se desvinculará del pacto el 4 de noviembre de 2020.

“El presidente está dispuesto a volver a implicarse en el Acuerdo de París si Estados Unidos puede identificar términos que sean más favorables para el país, sus negocios, sus trabajadores, su pueblo y sus contribuyentes”, indicó hoy el Departamento de Estado.

Pese a esa oferta de Trump, Alemania, Francia e Italia ya cerraron en junio la puerta a una eventual renegociación del acuerdo, y todo apunta a que el pacto firmado en París seguirá adelante sin la participación de Estados Unidos.

Trump aseguró al hacer su anuncio que detendría “todas las implementaciones” de sus compromisos climáticos en el marco de París, que incluían la meta propuesta por el expresidente Barack Obama de reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28 % respecto a los niveles de 2005.

Aún así, el Departamento de Estado defendió hoy que Estados Unidos “apoya un enfoque equilibrado en su política climática, que rebaje las emisiones al tiempo que promueva el crecimiento económico y garantice la seguridad energética”.

“Seguiremos reduciendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero mediante avances tecnológicos y de innovación, y trabajaremos con otros países para ayudarles a acceder a combustibles fósiles y usarlos de manera más limpia y eficaz, y desplegar fuentes de energía renovables”, señala el comunicado.

Estados Unidos seguirá participando en negociaciones y reuniones internacionales sobre cambio climático, incluida la cumbre del clima que se celebrará en noviembre en la ciudad alemana de Bonn, para “proteger los intereses estadounidenses y asegurar que la Administración tiene abiertas todas las opciones posibles en el futuro” para su política sobre el clima.

“Esa participación incluirá las negociaciones en curso relacionadas con las formas de implementación del Acuerdo de París”, precisó el Departamento de Estado.

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El ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó que la salud pública debe ser asumida como una de las principales prioridades del Estado Dominicano, con especial énfasis en la reducción de los índices de mortalidad infantil y materna.

De acuerdo al dirigente opositor, “en el país todavía no se puede hablar de avances en materia de desarrollo humano, mientras no logremos superar las deficiencias del sistema de salud y la inadecuada aplicación de la Ley de Seguridad Social, que  son, junto a  la calidad de la educación, los más grandes desafíos que tiene por delante la sociedad dominicana”.

Recordó que la reducción de la mortalidad infantil y maternidad fue uno de los 21 objetivos del milenio donde la República Dominicana no logró alcanzar la meta trazada, y planteó la necesidad de hacer los ajustes necesarios en materia de políticas públicas para superar esa expresión sumaria del subdesarrollo

Citó como un indicativo de la falta de claridad del gobierno del PLD sobre la importancia de la salud pública su decisión de reconstruir de manera simultánea unos 56 hospitales en municipios cabeceras provocando que ahora la mayoría de ellos no estén operando a su debida capacidad y la consecuente falta de atención a sus pacientes.

El dirigente político y economista hizo los señalamientos durante una visita al municipio Santo Domingo Este que incluyó dos encuentros organizados por la médico y diputada Adalgisa Abreu, y su esposo el doctor Julio Cruz Pichardo.

En opinión del pasado candidato presidencial opositor, la salud pública es un tema de vida o muerte para la población dominicana  y dijo que si el Gobierno pretende realmente mejorar la calidad de vida de la gente no solo debe asignar más recursos para mejorar el funcionamiento de los hospitales públicos, sino también readecuar el Sistema Dominicano de Seguridad Social, para que los beneficios sociales consagrados en esa reforma puedan ser aplicados en beneficio del segmento poblacional que más lo necesita.

Sostuvo que para que  la salud pública pueda  operar con la eficiencia que necesita la población, hace falta que el Gobierno haga un uso más racional del presupuesto público, ya que a su juicio, la administración del presidente  Medina destina una gran parte de los recursos del Estado a nominillas políticas y a otros gastos improductivos.

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- a Asociación  Nacional de Dueños de Farmacias (ASONADUFAR) reiteró su rechazo a las pretensiones del Ministerio de Salud Pública de aplicar las recomendaciones de asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respecto a un “Plan Maestro de Política Farmacéutica Nacional”.

Señaló que dicho plan no ha sido consensuado con los actores del sector farmacéutico y, por demás, “es un modelo fracasado en Colombia y otros países de la región, que conllevaría a la quiebra de todos los eslabones de la cadena de distribución de los medicamentos en la República Dominicana”.

El gremio no obstante sugirió que sea abierto un espacio de diálogo para discutir y consensuar dicho proyecto.

Sostuvo que “tal y como han denunciado otras entidades ligadas a este sector, el referido plan contiene puntos sugeridos por los técnicos del BID y aceptados por las autoridades sanitarias que, de concretizarse, atentarían contra la permanencia y supervivencia del mercado farmacéutico nacional, teniendo como consecuencia la monopolización del mercado, lo que provocaría el encarecimiento de los medicamentos”

“De igual manera, como gremio que agrupa a los propietarios de establecimientos farmacéuticos en el país enviamos varias comunicaciones a la ministra de Salud Pública, doctora Altagracia Guzmán Marcelino, expresándole nuestra queja porque no se nos convocaba, ni se nos tomaba en cuenta para discutir dicho proyecto”, indicó.

ASONADUFAR alertó sobre “las pretensiones de imponer un modelo de alta peligrosidad y de integración vertical que limitaría la sana competencia existente, encaminado a que un reducido número de actores públicos y privados concentren la producción, importación y comercialización de medicamentos, en franca violación a la Ley 42-01, que lo prohíbe”.

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Cerca de un millón de dominicanos son mayores de 60 años, lo que indica que la población que hace 20 años era joven porque estaba entre los 40 y los 50, ya ha alcanzado la categoría de adulto mayor, de los cuales el 34 por ciento de los mismos vive en la indigencia, según estudios del año 2015.
La Ley 352-98 y la Constitución de la República garantizan los derechos de las personas envejecientes, pero las prerrogativas expresadas en el ordenamiento jurídico son poco conocidas por los beneficiarios de las mismas.
Los derechos de los envejecientes son garantizados en todos los países donde impera el Estado Social y Democrático de Derecho, y tal como lo asumió nuestra Constitución del 2010, los adultos mayores de la República Dominicana son constitucionalmente protegidos.
Los envejecientes, en la mayoría de los países de nuestra región, gozan de una serie de beneficios, muchos de los cuales están expresados en la legislación dominicana pero no son disfrutados por los adultos mayores y envejecientes en general.
Beneficios como precios especiales para los medicamentos, entradas a los espectáculos, el transporte, entre otros, no son aplicados en este país.
La Ley 352-98 establece que el organismo encargado de aplicar dicha ley, el Consejo Nacional para Personas Envejecientes, deberá entregar un “carnet de exoneración” a las personas mayores de 65 años, que es el rango de edad que se considera limite en el país para determinar si es adulto mayor.
Con la presentación del “carnet de exoneración”, se supone que el adulto mayor lo presentará para rebajas en el transporte, los medicamentos y demás beneficios contemplados en la ley.
La Ley de envejecientes describe otras garantías como son: derecho a una protección especial, derecho al libre y fácil acceso a los servicios públicos y privados, derecho a recibir una pensión alimenticia, derecho a la educación, derecho al descanso y al esparcimiento, derecho al empleo y generación de ingresos, derecho a la salud y a la nutrición, derecho a la vivienda y a ciudades amigables y sostenibles que no representen peligro para el ejercicio del libre tránsito.
La Ley hace énfasis en el derecho que tienen los envejecientes a permanecer en el seno de la familia, donde se les garantiza una mejor calidad de vida.
También protege a aquellas personas que no hayan alcanzado los 65 años, pero por padecen algún tipo de enfermedad o discapacidad tienen derecho a disfrutar de todos los beneficios que garantiza el sistema para los envejecientes.
La Ley también define los diferentes tipos de adultos mayores, y abre espacio para los envejecientes con discapacidad, los desamparados, los viudos, los prisioneros y los que padecen trastornos mentales.
Pese a la Ley y a la Constitución, los lugares para ancianos que no tienen familia sobreviven en condiciones que dan pena, 34 de cada cien envejecientes viven en la indigencia, por lo que se impone una política pública de cara a dignificar los años que le quedan por vivir a cerca de un millón de dominicanos.

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El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) denunció el deterioro en que se encuentra el sector salud en la República Dominicana, con hospitales en estado de deterioro y la mayoría operando en condiciones precarias por la falta de equipos, medicinas y personal médico y de enfermería.

El presidente del PRSC, Federico Antún Batlle (Quique),  dijo que cada vez es más preocupante la situación por la que atraviesa el sector salud, que según dijo, tiene que ver con la “mala e improvisada” planificación del gobierno en ese sector.

Explicó en ese sentido, que centros asistenciales como el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón” , de la ciudad de Santiago, que deben ser una prioridad del gobierno, están prácticamente descuidados y abandonados por las autoridades.

Sostuvo que la mayoría de los hospitales del Estado carecen de equipos básicos y de medicamentos, lo que pone en peligro la vida de muchos pacientes que acuden a esos centros de salud “ya que tienen que ser remitidos a otros hospitales en mejores condiciones o devueltos a sus casas”.

El líder de los reformistas manifestó que mientras eso ocurre, el gobierno sin ningún tipo de planificación financiera dispone la reparación o remozamiento de numerosos hospitales al mismo tiempo, “cuyos trabajos son paralizados durante meses por la falta de dinero para pagarle a los contratistas”.

“Esto empeora la situación de los servicios en esos centros asistenciales, ya que hay más limitaciones debido a los trabajos en las infraestructuras y que se prolongan por tiempo indefinido por la paralización provocadas por la falta de recursos económicos para su terminación”, dijo.

“Me llama mucho la atención la mala planificación en la distribución de los recursos,  porque si solo tienen dinero para reparar diez o veinte hospitales, por que iniciar los trabajos al mismo tiempo en 40 o 50 centros asistenciales”, señaló.

Quique Antún citó el editorial del periódico Hoy del pasado viernes 23 de junio titulado “El alto costo de unos desaciertos”, en el que califican de “aventura” lanzarse a remodelar 47 hospitales al mismo tiempo, lo que a juicio del diario, “dio paso a un fracaso mayor para la sociedad al encarecerse sus costos por retrasos, incurriéndose incluso, sobre la marcha, en exceso de inversiones para corregir errores y generándose un agudo deterioro en la prestación de servicios con negativas consecuencias para la vida y la salud de pacientes”.

Dijo que ese editorial, criticando las improvisaciones en el gobierno, debe servirle de reflexión a las autoridades  y tener mayor sensibilidad social y humana frente a los sectores más desprotegidos de la población, que son los que abarrotan a diario los hospitales púbicos.

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La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Industrias Farmacéuticas Dominicanas y la Unión de Farmacias alertaron sobre el plan que, según dicen, pretende aplicar el Ministerio de Salud Pública, donde se propone que las ARS formen su propia red de proveedores de medicamentos.

Las entidades, en documentos emitidos por separados, entienden que con la medida se violarían las leyes General de Salud (42-01), que prohíbe la integración vertical, así como la 87-01, que crea el Sistema de Seguridad Social.

Dicen que de aplicarse sin el debido consenso el “Plan Piloto de Política Farmacéutica”, el cual según explican, fue hecho con sugerencias de técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es una “alta amenaza” de quiebra de todos los eslabones comerciales de los servicios privados de salud en República Dominicana.

La Unión de Farmacias, entidad que aglutina una amplia membresía de dueños de farmacias diseminada en todo el territorio nacional, se pronunció en esos términos al objetar aspectos de un estudio realizado previo a la aplicación del plan, el cual se realiza bajo  la coordinación de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS).

Manifestó que en el documento se aboga por el fortalecimiento del rol comercial de las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS), estableciendo para este sector la libertad de formar su propia red de proveedores de medicamentos, lo cual violaría la Ley General de Salud 42-01, que prohíbe la integración vertical, así como la Ley 87-01 del Sistema de Seguridad Social.

De su lado, la Asociación de Representantes Farmacéuticos e Industrias Farmacéuticas Dominicanas consideran de vital importancia el fortalecimiento de la DIGEMAPS, pero entienden que es indispensable contar con instituciones fuertes que cumplir con la meta de promoción del uso racional de medicamentos de calidad, confiables y seguros que el mercado privado pone a disposición de los pacientes a precios competitivos.

Asimismo, INFADOMI y ARAPF reiteran que una vez fortalecida la DIGEMAPS, es innecesaria la creación de una “Agencia Nacional de Alimentos, Medicamentos y Productos Sanitarios”, como propone el referido borrador del Plan Maestro, toda vez que esta nueva entidad representaría una duplicidad de funciones y un gasto innecesario de recursos financieros, lo cual cobra una gran importancia dada la restricción presupuestaria que existe en las finanzas públicas.

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Santo Domingo.- El director de la Cruz Roja Dominicana Gustavo Lara, declaró este domingo que si el 5% de los dominicanos dona sangre al menos una vez al año se garantiza toda la sangre que se requiere en el país sin necesidad de salir a buscar donantes para hacer una reposición al momento que se presenta una emergencia.

El pasado miércoles 14 de junio se celebraba el Día Mundial del Donante y según el director de la CRD su objetivo es que cada dominicano tenga garantizada la sangre que requiere para cualquier emergencia de manera efectiva, automática y gratis, y que al momento de hacer la transfusión no tenga que pensar ni en donantes ni en dinero, porque tiene derecho de contar con ese recurso.

Entrevistado por la periodista Lorenny Solano para Lo Que Pasó en 7 Días de Telefuturo, Lara destacó que la Cruz Roja Dominicana aporta más del 50% de la sangre que se transfunde en el país y que en otras naciones la demanda de sangre se estima que sea entre un 4 ó 5% de la población, por lo que para una población de diez millones de habitantes deberíamos tener entre 400 mil y 500 mil donantes cada año y a penas llegamos a la mitad.

“De nada vale la ciencia y la tecnología si  no están los donantes disponibles a tiempo, aportando la sangre para que pueda ser procesada, conservada y transfundida cuando la gente la necesite´´ expresó Lara quien destacó que solo se requieren mil dominicanos que donen diariamente para lograr cumplir con la demanda nacional.

Lara destacó además que todo ciudadano mayor de edad puede ser donante de sangre a menos que tenga alguna enfermedad transmisible, o anemia, sin embargo, cada persona se evalúa previamente a la donación y según las estadísticas el 80% de las personas que van a donar están en condiciones óptimas para hacerlo.

“Si nosotros vamos solo cuando la necesitamos o cuando la vida de alguien está en peligro siempre habrá un riesgo, sin embargo, si se hace la donación al menos una vez al año por persona, todas las vidas de los ciudadanos dominicanos que puedan requerir sangre estarán garantizadas´´ expresó Lara.

Lara invitó a la población a convertirse en donantes asiduos y recurrentes, que asuman el compromiso de hacer una donación al año y que inviten a otras personas, ya que con eso se podrá responder a todas las necesidades y emergencias sin tener que solicitar una reposición teniendo que buscar donantes al momento de requerirla.

Lo que pasó en siete días es producido y conducido por Lorenny Solano y se transmite todos los domingos a las ocho de la noche por Telefuturo canal 23.

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SANTO DOMINGO. César Sánchez, imputado en el caso Odebrecht, fue llevado desde la cárcel Najayo Hombres al Centro Médico Dominicano, en el Distrito Nacional, por presentar un cuadro febril.

El traslado se produjo poco tiempo después de que el abogado de Andrés Bautista, Carlos Salcedo, informara que se estaban haciendo las gestiones para trasladar al apresado “con urgencia”.

A Sánchez, quien fue administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), le fue impuesta una medida de coerción de tres meses en la cárcel Najayo Hombres al estar acusado por la Procuraduría General de la República dentro del entramado de sobornos del caso Odebrecht.

Junto con otros seis implicados, fue trasladado a dicha penitenciaría el pasado 12 de junio desde la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

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Santiago.- A pesar de la importancia que reviste para el funcionamiento en esta ciudad y la zona Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad- 911-, los trabajos de construcción de la segunda etapa de la emergencia del hospital regional universitario José María Cabral y Báez, siguen lentos y causando malestar en los pacientes, los cuales no pueden circular por el poco espacio.

A diario se observan decenas de pacientes con sus familiares amontonados en los pasillos, en ocasiones sentados en el piso y de pies. Este drama humano lleva meses desde que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), iniciara los trabajos en el área de emergencia.

La dirección del hospital, a través del Departamento de Relaciones Públicas, ha informado que a pesar de los obstáculos y la falta de espacio producto de los trabajos en la reconstrucción, el área de emergencia del centro nunca ha dejado de brindar servicio.

“OISOE es la que tiene la última palabra de cuándo terminarán la obra. Sin embargo, a pesar de la remodelación y las limitaciones que tenemos el área de emergencia nunca ha dejado de funcionar”, aseguró la dirección del centro de salud.

Un paciente que se identificó con el nombre de Rafael, residente en el municipio de San José de Las Matas, dijo que recibió las atenciones de un neurólogo con eficiencia, aunque admitió que visitar el hospital tedioso por el cúmulo de personas.

La ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, aseguró que la remodelación y el equipamiento de los hospitales José María Cabral y Báez y el infantil doctor Arturo Grullón de la ciudad de Santiago, son priorizados por el presidente Danilo Medina.

La funcionaria explicó que cuando hay construcciones nuevas y reingeniería de espacios al mismo tiempo que se ofrecen los servicios a los pacientes, los trabajos se realizan con mucha lentitud.

Además, agregó que en las inversiones en los hospitales se tardan más tiempo de la cuenta porque se debe agotar un proceso de licitación para garantizar la transparencia, señalando que la Ley de Compras y Contrataciones Públicas se deben cumplir al pie de la letra.

El hospital infantil a la espera…

En tanto que en el hospital infantil, doctor Arturo Grullón, se está a la espera de un tomógrafo y los quirófanos que permitan realizar estudios y someter a los niños a cirugías por diversos padecimientos.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Nelson Rodríguez Monegro, dijo recientemente que la compra de los equipos del hospital infantil tardaría de cuatro a cinco meses, debido al proceso burocrático que se debe pasar el desembolso de los recursos económicos.

Las claves

1- Las autoridades del hospital José María Cabral y Báez dijeron que es preocupante la alta incidencia de pacientes por accidentes de tránsitos, fundamentalmente de motocicleta.

2- Aseguraron que de 10 accidentados, 9 son por motocicletas.

3- Afirman que ha disminuido la presencia de parturientas haitianas, porque la maternidad del hospital fue asumida por los hospitales a cargo del Servicio Nacional de Salud. Uno de eso centros en Santiago es el hospital Presidente Estrella Ureña.