— Son madres, esposas, inmigrantes que vinieron a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro para su familia y que hoy se encuentran atadas a un brazalete y enfrentadas a abandonar el país y regresar a un lugar que ya no reconocen como el suyo.
Mirna Pérez, salvadoreña de 38 años lleva 18 viviendo en Plainfield, expresando que la sola idea de volver a su país la aterroriza. “Son muchos años que llevo fuera de mi país, mis tres hijos nacieron aquí, hablan más inglés que español; es como si tuviera que volver a nacer pero ya adulta”, sostiene Pérez.
Pérez fue arrestada junto a su esposo durante una redada realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanadas, ICE a comienzos del mes de agosto. A su esposo lo dejaron bajo custodia en el Centro de Detención de Elizabeth, a ella la dejaron salir, no sin antes colocarle un brazalete en el tobillo, que le permite a las autoridades monitorearla las 24 horas del día.
La práctica de colocar el brazalete a las personas que han sido detenidas por ICE y que se encuentran a la espera de presentarse ante un juez, o se les ha ordenado abandonar el país durante un determinado período de tiempo, no es nueva y ha sido implementada desde el 2004 bajo el programa conocido como Monitoreo Electrónico (EMP).
Pérez dice sentirse “humillada y peor que si estuviera presa”, agrega además que debe conectar el brazalete a la electricidad a diario, durante dos horas, para recargar las baterías. “Me dijeron que si les llegaba a sonar la alarma porque estaba bajo de batería la policía vendría a buscarme y me llevarían arrestada”, indicó.
Para su hija de 15 años, la situación no es diferente, no habla mucho español porque se le hace más fácil “pensar en inglés” y a El Salvador sólo lo ve como el país de sus padres, que no es el suyo. “No tengo ninguna conexión, ni mental ni emocional”, asegura.
Pérez tiene un plazo de 90 días para abandonar el país, su situación la describe como extremadamente desesperada. “Mi esposo en la cárcel, mis hijos llorando porque no se quieren ir a un país desconocido y yo no tengo ni con qué comer porque nadie me quiere dar trabajo, cuando les digo que tengo el brazalete inmediatamente me rechazan”, señala.
Un portavoz de ICE dijo que no se tienen cifras exactas de cuántas personas, en Nueva Jersey, portan actualmente el brazalete, sin embargo explicó que este sistema se ha implementado en parte para dar alivio en las cárceles y no acumular tantos detenidos en una prisión.
El otro programa que utiliza también el brazalete es conocido como Supervisión Intensiva de Presencia (ISAP).
El caso de Carola Vargas no es diferente, el brazalete le fue puesto a mediados de agosto y al igual que a Pérez, le dieron 90 días para abandonar el país, aunque dice que está lista para irse.“Humillada, vejada, menospreciada, tratada menos que a un animal, tengo un brazalete y éste me martiriza porque es como si estuviera en una cárcel pero sin rejas, nadie me quiere contratar porque tengo que decirle que tengo ese aparato puesto en mi tobillo”, asevera.
Vargas, igual que Pérez y cinco mujeres más, entrevistadas por este rotativo, coincidieron que el brazalete les produce dolor en la pierna, no pueden caminar y deben estar literalmente conectadas a diario durante dos horas al día para cargar la batería.
“Cada día se están viendo más los casos de las personas a las que le colocan estos brazaletes”, indicó Silvia Hernández, directora del Centro Hispanoamericano de Plainfield. “Las personas se sienten humilladas y peor que criminales”, denunció.
Para Ramiro Salazar, de la organización “Inmigrantes Unidos” de Linden, el brazalete es la menos mala de las opciones. “Se puede ver como una ventaja y es mejor estar afuera con un brazalete que adentro pasando las penurias propias de una cárcel”, concluye.
Maria.loboguerrero@eldiariony.com
