En el transcurso del Primer Foro para la Reforma Constitucional, Rodríguez Huertas manifestó que la iniciativa de modificación de la Carta Magna propuesta por el mandatario, debilita el equilibrio en sus funciones de instancias estatales como el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la Cámara de Cuentas.
Agregó que la propuesta no recoge disposiciones fundamentales para enfrentar la corrupción y racionalizar la estructura administrativa del Estado.
Al citar al catedrático español Pedro de Vega, el jurista expresó que el proyecto de reforma constitucional de Fernández no aborda los grandes problemas que afectan al buen funcionamiento de las instituciones públicas del país.
A juicio de Rodríguez Huertas, entre las graves carencias en la institucionalidad dominicana están: el débil contrapeso del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, la inexistencia de un control financiero sobre el manejo de los recursos públicos, la lenidad ante los problemas de corrupción, la ineficiencia de la administración del Estado y la debilidad institucional del sistema de partidos políticos.
Rodríguez Huertas consideró que el mal funcionamiento de la estructura estatal podría agravarse con la eliminación de la facultad de las cámaras legislativas de examinar anualmente todas las acciones del Gobierno, la injerencia en la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas, la dependencia del Ministerio Público al Poder Ejecutivo y el debilitamiento del Poder Judicial.
Sostuvo, además, que sería prudente que el Ministerio Público sea convertido en un órgano constitucional "extrapoder", a fin de que pueda resolver sin limitaciones los expedientes de corrupción.
Ideas desfasadas al poder judicial
En referencia al debilitamiento del Poder Judicial a través de la creación de tres órganos supremos, como la Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Constitucional y un Tribunal Superior Administrativo, el jurista dijo que no se explica como una Constitución del siglo XXI abraza ideas tan desfasadas.
"Como puede ser que una Constitución para el siglo XXI abraza una idea de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, como lo constituye la separación jurisdiccional, que por demás se correspondió con la visión autoritaria de la administración napoleónica, a fin de posibilitar las ventas de los bienes públicos, impedir la revisión de las medidas sancionatorias impuestas a los emigrados, entre otras", enfatizó.
Afirmó que el Poder Judicial es el único organismo del Estado que, en la última década, ha tenido avances notables en su consolidación institucional, debido a la aplicación de mecanismos de protección judicial a favor de la ciudadanía frente a los actos del poder.
Rodríguez Huertas analizó estos temas en el Primer Foro para la Reforma Constitucional, auspiciado por el Diálogo Nacional, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
