La organización política social Justicia Global (JG) afirmó hoy que los proyectos de leyes sometidos por el Gobierno al Congreso Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, con el propósito de modificar varias leyes, especialmente la 112-00 sobre Hidrocarburos, busca ocultar nuevos aumentos de impuestos, disfrazado de una “indexación” de dicha legislación.
En un documento firmado por su Comisión Económica, JG establece que detrás del planteamiento de la “indexación”, lo que se esconde es una reforma tributaria que la administración del presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pretende aplicar en uno de los rubros que más incide en los precios de la canasta familiar y uno de los componentes de mayor peso dentro de la distribución de los ingresos que hace el dominicano promedio.
“Para el Gobierno existen dos formas de cómo aumentar los ingresos o controlar el déficit público, por un lado reducir los gastos públicos y por el otro aumentar los ingresos fiscales. Dado los compromisos con ciertos sectores de intereses, la enorme cantidad de recursos erogados en el proceso electoral pasado, y la construcción de megaproyectos”, expresa la Comisión Económica de Justicia Global.
Agrega que la primera opción no le es viable para reducir el déficit y la segunda, que es el aumento de los ingresos tributarios, puede hacerse de dos vías: aumentando o creando impuestos que graven el consumo e ingreso, y ampliando la cobertura de sectores económicos poderosos que deberían ser gravados.
“Lo primero es entender el concepto de indexación, que es actualizar el valor monetario de los bienes y servicios a las variaciones (aumentos) del Índice de Precios al Consumidor (IPC), variable que se utiliza para medir la inflación en la República Dominicana”, indica. Sostiene Justicia Global que retomar una Reforma Tributaria retomada en estos momentos es una actitud oportunista por parte del Gobierno.
Recordó que para el período 2008-2009 el Fondo Monetario Internacional exigió al país hacer una Reforma Tributaria como condición para otorgar mayores préstamos para un nuevo acuerdo, a lo que el Gobierno respondió que no era propicio hacerlo, por lo que provocaría en la población. Entendieron que ese no era su momento, porque esto incidiría en los resultados de las pasadas elecciones congresuales y municipales.
En el primer trimestre de este año los Gastos del Gobierno Central se incrementaron en 22%, en comparación al 2009; mientras que el Ingreso lo hizo en 6.3%. Se estima que el déficit fiscal había sido mayor que el acordado en la carta de Intención con el Fondo. La coyuntura electoral fue la principal razón de incremento de los Gastos, con la finalidad de comprar los votos de la población.
Con las modificaciones a la Ley 112-00 el Gobierno busca aumentar las recaudaciones fiscales a través del impuesto de los combustibles, realizando de manera implícita la Reforma Tributaria, así como aplicar de manera abrupta la indexación establecida en la Ley 112-00 de Hidrocarburos, la cual no se aplicaba desde el año 2007. De igual manera, pretende buscar recursos para seguir manteniendo un gasto exorbitante, dado los compromisos que ha asumido el Gobierno Central en materia de pago de intereses de la deuda pública.
¿Qué lectura le podemos dar a esto?
El Gobierno ha jugado un rol de sumisión a las condiciones y numeritos establecidos por el FMI, para tener acceso a sus préstamos y llevar a cabo megaproyectos de infraestructura. Se ha procurado quedar bien para pedir más préstamos, lo que se traduce en una deuda de US$ 13,880.6 millones a mayo del 2010, un aumento del 328% respecto al año 2000 (o que es lo mismo 4.27 veces el valor del 2000). Evidenciando que estos recursos, bajo tasas definidas por organismos internacionales, se utilizan en un mayor porcentaje para apoyo presupuestario, es decir, una mayor holgura para gastar en viáticos, sueldos exagerados, vehículos de lujo.
¿Cómo afectaría este aumento?
Actualmente el impuesto que se paga por la gasolina Premium es de RD$ 47.77 por cada galón, y RD$ 41.27 por la Gasolina Regular. Llevar el impuesto de RD$ 47.77 a RD$ 55 para el caso de la Premium, y de RD$ 41.27 a RD$ 50 para la Regular implicaría un aumento de 18.14% en promedio por los dos combustibles. Recursos que se gravan directamente al consumidor final.
El ajuste por inflación que se busca hacer a este impuesto traería consecuencias para la economía, en el sentido de que aumentarían los costos de producción de los bienes intermedios y finales, provocando como bien sabemos un aumento general de todos los precios, que nueva vez pasarían al consumidor final. Si esto sucede, los sectores productivos del país trasladarían el aumento de los costos al precio final de la mercancía para de esta forma no disminuir sus ganancias.
¿Y la población tiene capacidad para sostener este aumento? Con una economía que ha “crecido” un 7.5% y no se ha traducido en un mayor poder adquisitivo de la población, en sentido general. Si el sector empresarial no logra mantener cierto nivel de ventas, tras el aumento, tendría que reducir costos, y la manera más rápida para hacer una reducción de costos es disminuyendo la mano de obra, creando así mayor desempleo.
Analizando la situación, entendemos que la población no debe pagar las consecuencias de las medidas oportunistas de estos gobiernos. Por lo cual, Justicia Global plantea que el Gobierno asuma su responsabilidad de forma transparente y equitativa, disminuyendo sus gastos en viáticos, yeepetas, sueldos de lujo, recursos para incrementar la represión a la población, aplicando un impuesto a la ganancia y a los sectores privilegiados que sea efectivo, aplicando fuertes políticas de eliminación de la corrupción y de lavado de activos, y no gastando recursos de manera irracional, en montajes de círculos politiqueros, que es lo que se ha venido haciendo.
